#d0b392
Referencia
Garrett, R., Meyfroidt, P., de Bremond, A., Wartenberg, A., Barbieri, L., Fernández-Llamazares, Á., Acheampong, E., Addoah, T., Adeleye, M., Alexander, P., Brandão, J., Coomes, D. A., Ellis, E. C., Fajardo, J., Jacobi, J., Leach, M., Lele, S., Llanque Zonta, A., Lyons-White, J., Martin, A., Messerli, P., Milner-Gulland, E. J., Müller, D., Mills, M., Nantongo Kalunda, P., Pascual, U., Rueda, X., Ryan, C., Setty, S., Pham, T. T., & Zagaria, C. (2025). Policy principles for sustainable and just land systems. Royal Society Open Science, 12, 250810. https://doi.org/10.1098/rsos.250810
Ficha elaborada por
Las políticas sobre el territorio son más efectivas cuando combinan sostenibilidad, justicia y adaptación
Pantano de Santa Fe en el Parque Natural del Montseny. Fuente: Getty Images.
2025
Objetivos
El estudio propone un marco práctico para orientar el diseño y aplicación de políticas dirigidas a los sistemas territoriales hacia resultados más sostenibles y justos. Los autores parten de la idea de que los sistemas territoriales son complejos, interconectados y condicionados por desigualdades, relaciones de poder, valores diversos y efectos que pueden desplazarse entre territorios, sectores y grupos sociales.
El objetivo principal es identificar principios que ayuden a los responsables políticos y los actores que trabajan en la interfaz entre ciencia y política a tomar decisiones que tengan en cuenta esta complejidad, evitando confiar en soluciones únicas o en medidas aisladas.
A partir de este planteamiento, el artículo desarrolla ocho principios orientadores que pueden aplicarse a lo largo del ciclo de las políticas públicas y analiza hasta qué punto políticas existentes se ajustan en dos ámbitos de alcance global: la mitigación del cambio climático basada en el uso del territorio y la agricultura favorable a la biodiversidad.
Métodos básicos
Área de estudio: alcance global.
El marco de principios se desarrolló mediante una consulta experta que combinó conocimiento teórico procedente de la literatura científica con la experiencia de 22 académicos y comunicadores científicos de 11 países. El proceso se inició en un taller financiado por la Royal Society of London y celebrado en Cambridge, en el que se identificaron los principios generales y se exploraron a través de dos casos de estudio: la mitigación climática basada en el territorio y la agricultura favorable a la biodiversidad.
Posteriormente, el grupo concretó sus principios, sus fundamentos teóricos y los criterios para valorar políticas territoriales existentes. El marco también se refinó a partir de diversas rondas de enseñanza y discusión con responsables políticos y profesionales de distintos sectores.
El análisis de los casos se planteó como estudio comparativo exploratorio, dado que la complejidad de los sistemas territoriales dificulta una revisión exhaustiva de los resultados de sostenibilidad y justicia de todas las políticas existentes.
Resultados principales
El estudio identifica ocho principios interconectados que deberían orientar las políticas de los sistemas territoriales:
- Considerar la justicia de reconocimiento, escuchando a los diferentes actores y titulares de derechos, incorporando sus sistemas de conocimiento y teniendo en cuenta las relaciones históricas con el territorio.
- Actuar con estrategia política, anticipando las resistencias y combinando beneficios para diferentes actores para generar apoyo y facilitar cambios progresivos.
- Considerar múltiples objetivos, incorporando la justicia, los derechos y la diversidad, y no sólo la eficiencia económica o eficacia en un ámbito concreto.
- Abordar las causas sistémicas, actuando sobre las estructuras, instituciones y prácticas que originan los problemas de insostenibilidad y desigualdad, y no sólo sobre sus síntomas.
- Adoptar una perspectiva integradora, que tenga en cuenta a diferentes actores, escalas territoriales y sectores para reducir efectos indirectos y desplazamientos de los problemas.
- Favorecer el co-diseño de políticas públicas, implicando directamente a las comunidades, los titulares de derechos y los diferentes sectores en el diseño, la implementación y la adaptación de las políticas.
- Establecer objetivos claros y medibles, con definiciones, indicadores y sistemas de seguimiento adecuados a las capacidades disponibles y al contexto.
- Integrar capacidades de diagnosis y adaptación, de modo que las políticas puedan modificarse a partir de los resultados obtenidos y de los cambios en las condiciones sociales, políticas, tecnológicas y ecológicas.
Los principios se organizan en torno al ciclo de las políticas públicas, desde la definición de la agenda hasta la formulación, implementación, evaluación y adaptación. Estas fases no son estrictamente lineales: se retroalimentan y deben revisarse de forma continuada.
El análisis de ambos casos muestra que la fase inicial de definición de la agenda tiene una importancia fundamental. Cuando los problemas y objetivos se definen de forma estrecha y de arriba abajo, con poca participación de los actores afectados, las posteriores fases tienden a mantener esta orientación. Esto puede limitar los objetivos de las políticas, reducir su alcance y reforzar estructuras de poder existentes.
En el caso de la mitigación climática basada en el territorio, los autores identifican una fuerte dependencia de políticas centradas en la eficacia y la eficiencia, a menudo mediante instrumentos de mercado y con objetivos territoriales o sectoriales limitados. Este enfoque puede generar problemas de justicia, desplazamiento de los impactos hacia otros territorios o actores (conocido como leakage) y dificultades para abordar las causas estructurales de la deforestación y otros cambios de uso del territorio.
En cambio, las políticas basadas en el reconocimiento de los derechos territoriales y comunitarios presentan una mayor alineación con los principios de justicia de reconocimiento, codiseño y transformación. El artículo destaca el caso del Plan brasileño para la prevención y control de la deforestación en la Amazonia Legal (PPCDAm) como un ejemplo de combinación de planificación territorial, ampliación de áreas protegidas, reconocimiento de los territorios indígenas, monitorización, control e incentivos para usos sostenibles. El plan también ha incorporado mecanismos de adaptación a partir de la información obtenida en fases anteriores.
En el caso de la agricultura favorable a la biodiversidad, el estudio compara dos orientaciones principales: la intensificación de la producción para liberar territorio para la conservación y las prácticas agroecológicas que buscan compatibilizar producción, biodiversidad, personas, reducción de emisiones y resiliencia. Las políticas centradas en la intensificación tienden a priorizar la eficiencia, la productividad y la innovación tecnológica, mientras que la agroecología incorpora con más fuerza objetivos de justicia, diversidad y transformación de los sistemas alimentarios.
Sin embargo, los autores señalan que ninguna de las dos orientaciones resuelve por sí sola toda la complejidad del sistema. La intensificación puede reforzar determinadas estructuras de poder y generar efectos no deseados, mientras que las aproximaciones agroecológicas también afrontan dificultades para medir sus resultados y obtener un apoyo político y financiero equivalente al de las políticas de intensificación.
En este ámbito, destacan experiencias de Kenia, donde distintas políticas han empezado a combinar principios agroecológicos con inversiones en mejoras tecnológicas y productivas. Este enfoque incorpora conocimientos tradicionales, diversos objetivos ambientales y sociales, mecanismos de codiseño, distintos niveles de gobernanza e indicadores para el seguimiento de los resultados.
En conjunto, ambos casos muestran que las opciones más prometedoras son aquellas que combinan instrumentos convencionales con cambios más transformadores, en lugar de confiar en una única medida o palanca política.
Conclusiones
Avanzar hacia sistemas territoriales sostenibles y justos requiere ir más allá de las soluciones únicas e incorporar la complejidad social, ecológica y política del territorio en todas las fases de las políticas públicas.
Uno de los principales aprendizajes es que las decisiones tomadas en el momento de definir qué problema se quiere abordar y quiénes participan en esta definición pueden condicionar todo el desarrollo posterior de la política. Si esta primera fase es demasiado estrecha o se construye de arriba abajo, es más difícil corregir después las desigualdades, conflictos o efectos indirectos que se pueden derivar.
Para la gestión del territorio, el marco propuesto ofrece una lista de verificación útil para revisar políticas y planes antes y durante su aplicación: quiénes participan en la definición de los objetivos, qué intereses y conocimientos se tienen en cuenta, qué efectos pueden aparecer en otros sectores o territorios, si los objetivos son medibles y si existen mecanismos para modificar las actuaciones cuando los resultados no son los esperados.
No se presentan los ocho principios como una receta cerrada. Su uso debe tener en cuenta las características de cada contexto y las relaciones de poder entre los actores. Sin embargo, los casos analizados sugieren que las combinaciones de políticas que integran diversos objetivos, escalas y actores, incorporan mecanismos de seguimiento y adaptación y dan mayor peso a los derechos y conocimientos de las comunidades pueden ofrecer vías más prometedoras hacia resultados sostenibles y socialmente justos.
Esta perspectiva es especialmente relevante en contextos en los que las decisiones sobre usos del suelo implican simultáneamente biodiversidad, agricultura, cambio climático, recursos naturales e intereses sociales diversos. En estos casos, planificar no consiste sólo en encontrar la medida más eficiente, sino también en entender las interdependencias, anticipar los efectos no deseados y crear capacidad para aprender y adaptar las políticas a lo largo del tiempo.